Lucia Gonzalez
La resolución quedó formalizada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio del año pasado, mediante el cual el Ejecutivo derogó artículos centrales de las leyes N°27.234 y N°27.214.
Cambios en los contenidos de género
La Ley N°27.234 establecía la realización obligatoria de una jornada anual denominada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, destinada a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. Su objetivo era promover valores, reflexiones y herramientas para prevenir situaciones de violencia de género dentro y fuera del ámbito escolar.
Con la nueva normativa, esta jornada deja de ser obligatoria y su implementación quedará sujeta a la decisión de las autoridades educativas de cada jurisdicción.
La eliminación de este requisito generó reacciones encontradas en la comunidad educativa. Mientras algunos sectores expresaron preocupación por considerar que se trataba de un espacio clave para la formación integral de los estudiantes, otros valoraron que las provincias cuenten con mayor autonomía para definir los contenidos según su contexto social y cultural.
Educación vial: también deja de ser obligatoria
El decreto también derogó los artículos 5° y 6° de la Ley N°27.214, que establecían la enseñanza obligatoria de educación vial en las escuelas. Esa normativa contemplaba cursos, capacitaciones específicas y la creación del Observatorio de la Educación Vial dentro del Ministerio de Educación.
Dicho organismo estaba integrado por especialistas, académicos y funcionarios, y tenía como función diseñar políticas públicas y estrategias educativas orientadas a la prevención de siniestros viales desde el ámbito escolar.
Con la eliminación de estos artículos, la educación vial deja de ser un contenido obligatorio a nivel nacional y, al igual que ocurre con los temas de género, su inclusión quedará a criterio de cada provincia.
La decisión del Gobierno reabre el debate sobre el rol del Estado nacional en la definición de contenidos mínimos y el alcance de la autonomía educativa de las jurisdicciones.
