Lucia Gonzalez
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Como resultado de ese estudio (que fue sometido a consulta pública durante algunas semanas) la CE concluyó que la soja pasa a integrar, por primera vez, la categoría de alto riesgo ILUC, al mismo nivel que el aceite de palma. Esta decisión implicaría que la Unión Europea deje de importar biodiesel de soja o aceite de soja destinado a ese fin de manera permanente. Según el informe, el único aceite autorizado sería el de colza, producido dentro del propio bloque europeo.
De avanzar este proyecto y ser adoptado durante el corriente año, todas las exportaciones de biodiesel de soja desde Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarían excluidas del mercado europeo. Para la Argentina, esto representaría un perjuicio comercial estimado en 350 millones de dólares anuales, además del virtual cierre de la industria, dado que la UE es el único destino de exportación del biodiesel argentino.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) cuestionaron con dureza la medida. “La decisión europea es, desde todo punto de vista, una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”, afirmó el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras.
En ese sentido, el dirigente remarcó que existen argumentos técnicos que contradicen la postura europea. “Vamos a presentar información que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene disminuyendo desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo”, sostuvo.
Idígoras también advirtió que la discusión excede el plano técnico. “Todos sabemos que esto no es un debate científico sino político. La Unión Europea busca compensar a los países que cuestionan el acuerdo con el MERCOSUR, cerrando el mercado a productos altamente competitivos de la Argentina”, señaló.
Por último, confirmó que el sector ya trabaja junto al Gobierno nacional para definir una estrategia de defensa. “Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para llevar este tema hasta las últimas consecuencias, lo que incluye un eventual panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una denuncia en el marco del acuerdo birregional firmado en diciembre pasado”, concluyó.
