Lucia Gonzalez
Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que el agotamiento físico y mental derivado del exceso de trabajo puede afectar la mente y las emociones de las personas, llevándolas (según su criterio) a desarrollar conductas relacionadas con la diversidad sexual y de género. A esta afirmación sumó otros factores como la presión social, determinadas experiencias íntimas y lo que describió como una práctica religiosa insuficiente.
La polémica no se limitó al ámbito mediático. Días después, Hasan reiteró sus argumentos en una respuesta escrita ante el Parlamento malasio, donde citó un estudio académico publicado en 2017. Según explicó, dicha investigación sugiere que una combinación de factores personales y sociales podría influir en comportamientos asociados a la comunidad LGBT. Sin embargo, el propio ministro reconoció que el Gobierno no dispone de estadísticas oficiales sobre esta población en el país.
Las reacciones fueron inmediatas. Organizaciones de derechos humanos, activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+ calificaron los comentarios como estigmatizantes, carentes de base científica y profundamente deshumanizantes. En redes sociales, las declaraciones fueron ampliamente cuestionadas y también objeto de sátiras, especialmente por la idea de que el estrés laboral pueda “cambiar” la orientación sexual de una persona.
El debate se intensificó cuando medios internacionales, como South China Morning Post, resaltaron el alcance político y social de la controversia, subrayando la sensibilidad del tema en Malasia, donde la diversidad sexual sigue siendo un asunto tabú.
En este país del sudeste asiático, la homosexualidad continúa siendo criminalizada bajo leyes de corte conservador. Las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas con penas de hasta 20 años de prisión y azotes, bajo cargos como “sodomía” o “atentados contra el pudor”. Informes recientes señalan que al menos 135 personas han sido arrestadas en los últimos tres años, lo que refleja un clima de persecución que obliga a gran parte de la comunidad LGBTIQ+ a vivir en la clandestinidad.
Las declaraciones del ministro reavivaron el debate sobre el uso de argumentos religiosos y pseudocientíficos para justificar políticas discriminatorias, en un contexto donde la falta de datos oficiales contrasta con el endurecimiento de las medidas represivas.
