Thomas DortoneEl Gobierno nacional enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que apunta a modificar los puntos más cuestionados de la normativa actual, con el objetivo de mejorar su aplicación en todo el país y reducir las desigualdades en el acceso a la atención.
El texto, que se encuentra en revisión entre distintas áreas del Ejecutivo, no plantea la derogación de la Ley 26.657, sino cambios puntuales en artículos vinculados a la internación involuntaria, el cierre de hospitales especializados y el financiamiento del sistema de atención y rehabilitación.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reconfiguración del Órgano de Revisión, encargado de supervisar el cumplimiento de la ley. La propuesta oficial contempla su reemplazo por un equipo interdisciplinario con mayor participación del Ministerio de Salud y de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental y la Sedronar.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma busca fortalecer la supervisión y garantizar una atención más equitativa en todo el territorio nacional, en un contexto donde la aplicación de la ley presenta diferencias entre provincias en cuanto a infraestructura, disponibilidad de servicios y camas de internación.
El proyecto retoma lineamientos que habían sido incluidos previamente en la Ley Bases y vuelve a poner en agenda el debate sobre el modelo de atención en salud mental en Argentina y el rol del Estado en su regulación.
