Lucia Gonzalez
El acuerdo se formalizó en una audiencia realizada este martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde participaron entidades como el SOMU, la Asociación de Empresas de Marinos Mercantes y la Cámara de Servicios de Lanchas, entre otras. Todos coincidieron en un diagnóstico común: la presencia de operadores irregulares distorsiona el mercado y perjudica a quienes cumplen con las normas laborales y de seguridad.
Como resultado, se definió un criterio claro: empresa que no esté registrada, no podrá operar. La medida busca cerrar el paso a prestadores informales que compiten con menores costos por fuera de la ley.
Además, se resolvió conformar una mesa de trabajo junto al Ministerio de Capital Humano para avanzar en la regularización del sector y generar un seguimiento más estricto de las denuncias ya presentadas.
Otro punto clave es el rol de las terminales portuarias. A partir de ahora, serán consideradas responsables si contratan o permiten trabajar a empresas no habilitadas. Esto eleva la presión para garantizar que todos los servicios dentro de los puertos cumplan con la normativa vigente.
Aunque la audiencia se realizó en Rosario, el problema se repite en distintos puntos de la hidrovía. Por eso, el sector apuesta a que esta coordinación marque un cambio y permita ordenar una actividad clave para la logística y el comercio exterior.
