Lucia Gonzalez
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Según explicó, el problema es doble. Por un lado, existe una distorsión económica en el mercado, ya que algunas firmas logran ofrecer costos más bajos al incumplir normas básicas. Pero, al mismo tiempo, esa ventaja se sostiene a partir de vulneraciones directas a los derechos de los trabajadores.
“Trabajan los números hacia abajo y eso recae en el personal. No pagan como corresponde, hay gente en negro y sin registrar. Así pueden manejar otros costos”, señaló Almirón.
El delegado remarcó que gran parte del personal afectado proviene de otras localidades y que, en muchos casos, acepta condiciones precarias por necesidad. Sin embargo, aseguró que esto viene acompañado de situaciones de presión y maltrato.
“Hay aprietes para que no se comuniquen con los gremios, porque saben que pueden quedarse sin trabajo. Se aprovechan de la necesidad y los hacen trabajar sin respetar derechos básicos, incluso con jornadas extendidas”, denunció.
En este contexto, se conformó una mesa de trabajo en la Secretaría de Trabajo con participación de gremios, empresas y la cámara del sector, con el objetivo de regularizar la actividad y garantizar condiciones equitativas.
“El objetivo es que la competencia sea leal, que se dé en términos económicos, pero con todas las reglas cumplidas: personal registrado, idóneo y con derechos”, explicó.
Almirón también destacó que algunas empresas ya comenzaron a regularizar su situación tras las intervenciones oficiales, aunque reconoció que persisten irregularidades incluso dentro de firmas que integran espacios formales del sector.
En cuanto a los controles, indicó que la Prefectura Naval tiene un rol clave en la fiscalización de las embarcaciones, mientras que los gremios y organismos laborales deben garantizar la correcta registración del personal.
“La actividad no puede ser ‘liberada’ al punto de ignorar normas básicas. Como en el río, hay reglas que se tienen que cumplir para cuidar a todos”, concluyó.
