Thomas DortoneEl Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dio un nuevo paso en la reconfiguración del sistema meteorológico al habilitar, mediante un decreto, la participación de privados en el servicio meteorológico para la navegación aérea. La medida se da en un contexto de despidos y fuertes críticas por un presunto vaciamiento del área.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que la Empresa Argentina de Navegación Aérea deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), con la posibilidad de hacerlo de manera directa o a través de terceros. En la práctica, esto habilita la participación de empresas privadas en una función que históricamente estuvo en manos del Estado.
La decisión impacta de lleno en el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional, que atraviesa un proceso de ajuste con al menos 140 despidos recientes. En paralelo, el Gobierno declaró ilegal una medida de fuerza prevista por los trabajadores, lo que profundizó el conflicto en el sector.
Desde el Centro Argentino de Meteorólogos advirtieron sobre las consecuencias de la medida. Su presidenta, Carla Gulizia, calificó el decreto como “de extrema gravedad” y sostuvo que representa “un avance directo hacia el desmantelamiento del SMN”.
Según explicó, la meteorología aeronáutica es un componente central de la seguridad operacional, ya que interviene en cada etapa de un vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje. “No es solo una cuestión de gestión, es una amenaza a la seguridad operacional del país”, señaló.
Gulizia también cuestionó la contradicción del Ejecutivo al declarar esencial el servicio para impedir un paro y, al mismo tiempo, habilitar su tercerización. “Desfinanciar al SMN y permitir que privados asuman estas tareas deja al sistema aeronáutico en una situación de vulnerabilidad extrema”, advirtió.
El organismo, además, es actualmente el único en el país con personal certificado bajo normas internacionales como las de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Meteorológica Mundial, lo que garantiza estándares técnicos en la operación aérea.
Otro punto crítico es el financiamiento. Con el decreto, se eliminan ingresos provenientes de tasas aeronáuticas, una fuente clave para el funcionamiento del organismo. Según distintas fuentes, la deuda acumulada superaría los 60 millones de dólares.
Por su parte, trabajadores nucleados en ATE alertaron que los despidos ya están afectando la red de medición. “Algunas estaciones que operaban las 24 horas dejarán de hacerlo durante la noche”, indicaron, lo que impactaría en el monitoreo de la atmósfera y en la calidad de los pronósticos.
El conflicto se inscribe en una serie de medidas que vienen afectando al área desde el inicio de la gestión, incluyendo intentos de reestructuración y cambios en la conducción del organismo.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes defienden la modernización del sistema y quienes advierten sobre los riesgos de debilitar una estructura considerada estratégica para la seguridad aérea y la producción de información meteorológica en todo el país.
