Thomas DortoneUn proyecto de ley impulsado por el diputado Roberto Santiago propone crear un régimen extraordinario de regularización de deudas para personas con dificultades de pago. La iniciativa contempla quitas de hasta el 90% del capital adeudado para sectores de bajos ingresos, refinanciación en cuotas y la eliminación total de intereses punitorios en deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales.
El proyecto, denominado “Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas”, apunta a personas humanas clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central, es decir, quienes registran distintos niveles de incumplimiento o riesgo crediticio.
La propuesta incluye deudas contraídas con entidades financieras, proveedores de servicios de pago, proveedores no financieros de crédito y plataformas de financiamiento entre particulares. Según el texto, el régimen abarcaría obligaciones registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre las deudas alcanzadas se encuentran las originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales, dos de las principales herramientas de financiamiento al consumo. En cambio, quedarían excluidas las obligaciones alimentarias, las deudas tributarias y los créditos hipotecarios o prendarios.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la condonación total de intereses punitorios, recargos y demás cargos derivados de la mora. Además, para los grupos familiares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, se prevé una quita del 90% sobre el capital adeudado.
El saldo restante podría refinanciarse en hasta 36 cuotas mensuales, con una tasa de interés que no supere el 50% de la tasa BADLAR. El esquema se aplicaría a sola firma y sin costos administrativos adicionales.
Para quienes superen ese nivel de ingresos, el proyecto no contempla quitas sobre el capital, aunque sí habilita la refinanciación total de la deuda bajo las mismas condiciones de plazo y tasa.
La iniciativa también propone crear el Fondo de Asistencia a Deudores (FAD), que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Economía y estaría destinado a personas con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales que mantengan deudas con proveedores no financieros de crédito.
Entre las funciones del fondo figuran la compra de deudas con descuentos sobre el capital original, la reinserción financiera de los deudores y la prevención de desalojos o ejecuciones patrimoniales. El financiamiento surgiría de un porcentaje de la recaudación del IVA aplicado al sistema financiero.
Además, el proyecto establece un plazo de 90 días para adherirse al régimen desde la entrada en vigencia de la ley. Durante ese período quedarían suspendidos los procesos judiciales y ejecuciones vinculadas con las deudas incluidas, incluso en casos con sentencia firme.
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado sostiene que el objetivo es atender el creciente sobreendeudamiento de los hogares argentinos. Según estimaciones citadas en el texto, entre 13 y 18 millones de personas atravesarían situaciones de endeudamiento problemático, mientras que el pago de deudas representa, en promedio, el 34% de los ingresos familiares.
El proyecto ya fue presentado en el Congreso y deberá iniciar ahora su tratamiento legislativo en comisión.
