Thomas DortoneLa situación de las personas con discapacidad en Argentina atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades denunciadas en materia de prestaciones, cobertura de tratamientos y acceso al transporte, se suma ahora la eliminación de los subsidios que recibían las empresas para garantizar los pasajes gratuitos establecidos por ley. Referentes del sector sostienen que la medida profundiza una problemática que viene agravándose desde hace meses y que afecta tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y prestadores.
La reciente decisión del Gobierno nacional de retirar los subsidios destinados a las empresas de transporte para cubrir el costo de los pasajes gratuitos de personas con discapacidad volvió a poner en debate la situación que atraviesa uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Si bien las compañías continúan obligadas a otorgar los pasajes contemplados por la legislación vigente, referentes vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad advierten que la medida podría generar mayores dificultades para acceder a un servicio que ya presentaba inconvenientes por la escasez de lugares disponibles y las trabas administrativas para obtenerlos.
La preocupación se suma a una serie de reclamos que vienen realizando familias, instituciones y profesionales por las demoras en la cobertura de tratamientos, la falta de actualización de aranceles para prestadores y las dificultades para garantizar el acceso a servicios esenciales.
Según señalan especialistas del sector, el transporte cumple un rol clave en la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad, ya que permite asistir a centros de día, escuelas especiales, espacios de rehabilitación y consultas médicas. Cualquier obstáculo adicional puede traducirse en una interrupción de tratamientos o en una reducción de las actividades de integración social.
A esto se agregan las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para afrontar gastos vinculados a medicamentos, acompañantes terapéuticos y traslados. En algunos casos, incluso son los municipios quienes terminan interviniendo para garantizar servicios que no están siendo cubiertos por otros organismos o prestadores.
Desde distintos sectores también expresan preocupación por la situación de los profesionales que trabajan en discapacidad, quienes denuncian bajos honorarios, atrasos en los pagos y dificultades para sostener las prestaciones que brindan.
En este contexto, organizaciones y referentes especializados sostienen que el panorama para las personas con discapacidad se ha vuelto cada vez más complejo. Consideran que las medidas de ajuste implementadas en los últimos meses tienen un impacto directo sobre el acceso a derechos fundamentales y reclaman políticas públicas que garanticen la inclusión, la accesibilidad y la continuidad de los tratamientos y servicios que resultan indispensables para miles de argentinos.
