Lucia GonzalezEl delegado de Camioneros San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, José Capuano, explicó que la situación afecta a empleados de las firmas Translucom y Carrizo, que perdieron la licitación y ahora ofrecen a sus trabajadores continuar desempeñándose en otras provincias, como San Luis, Tucumán o Córdoba.
“Las empresas nos dicen que no van a despedir a nadie, pero les plantean que a partir de la próxima semana deben presentarse a trabajar en otra provincia. Eso implica un fuerte desarraigo para trabajadores que siempre tuvieron como base Puerto General San Martín o San Lorenzo”, señaló Capuano.
El dirigente explicó que el nuevo esquema laboral obligaría a los choferes a permanecer fuera de sus hogares durante 24 días, con apenas seis días de descanso, que además se reducen por los tiempos de viaje de ida y vuelta.
“No solamente cambia el lugar de trabajo, sino toda la vida familiar de los compañeros. Es una situación muy complicada desde lo económico y también desde lo humano”, remarcó.
Las nuevas empresas aún no pueden absorber al personal
Capuano indicó que las dos empresas que ganaron la licitación también atraviesan una reestructuración, ya que perdieron otros contratos y actualmente tienen trabajadores propios sin tareas.
“Nos manifiestan que hoy no pueden incorporar a estos compañeros porque primero deben sostener el empleo de su propio personal. Por eso estamos discutiendo el tema en el Ministerio de Trabajo”, explicó.
En ese marco, el sindicato solicitó que YPF participe de las audiencias para brindar respuestas sobre el futuro de los trabajadores.
“YPF es quien contrata el servicio y tiene que involucrarse en esta situación. Necesitamos que escuchen a los trabajadores y colaboren para encontrar una solución”, sostuvo.
Audiencias y preocupación por los plazos
El conflicto ya fue planteado en el Ministerio de Trabajo, donde se realizó una primera audiencia y se pasó a un cuarto intermedio. Habrá nuevos encuentros el viernes y el lunes próximos, con la participación de las empresas involucradas y la expectativa de que también asista YPF.
Según explicó Capuano, las empresas salientes prestarán servicio hasta el 31 de julio, mientras que las nuevas adjudicatarias deberían comenzar a operar el 1 de agosto.
Sin embargo, advirtió que existen numerosos aspectos sin resolver, como la realización de exámenes preocupacionales, habilitaciones y la instalación de una base operativa para una de las empresas que aún no cuenta con infraestructura en la región.
“Son 80 familias”
El dirigente sindical remarcó el impacto social que tendría el traslado de los trabajadores.
“Estamos hablando de 80 familias. Son compañeros que viven, consumen y desarrollan su vida en la región. Si terminan trabajando en otra provincia, también se resiente la economía local”, afirmó.
Finalmente, Capuano aseguró que el gremio continuará trabajando para encontrar una salida que permita preservar las fuentes laborales en la zona.
“Estamos preocupados y ocupados. Siempre confiamos en el trabajo del sindicato y creemos que vamos a encontrar una solución para los compañeros”, concluyó.
