Thomas DortoneEl Gobierno impulsa un proyecto para modificar la Ley 14.878, conocida como Ley General de Vinos y vigente desde 1959, con el objetivo de reducir la intervención estatal y simplificar las regulaciones que alcanzan a la actividad vitivinícola.
Entre los principales cambios planteados, la iniciativa propone modificar el esquema de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que pasaría a concentrar sus controles principalmente en el producto terminado.
De esta manera, se busca reducir y simplificar las inspecciones durante las distintas etapas del proceso de elaboración del vino, al tiempo que se flexibilizarían determinadas exigencias administrativas para bodegas y productores.
La reforma apunta a disminuir la carga burocrática y agilizar los procesos dentro de la industria vitivinícola, modificando una normativa que lleva más de seis décadas vigente.
El proyecto plantea así un cambio significativo en el sistema de controles y en la relación entre el Estado y los distintos actores de la cadena vitivinícola.
