Thomas DortoneLos aranceles establecidos a nivel nacional para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad cubren actualmente entre el 50% y el 60% de los costos reales, según datos difundidos por entidades del sector. La situación alcanza a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, profesionales y servicios de transporte.
El Gobierno nacional oficializó una actualización del 1,7% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad. El incremento forma parte del mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, los valores reconocidos continúan por debajo de los costos que deben afrontar las instituciones y prestadores para sostener los servicios. La diferencia afecta a distintas prestaciones incluidas en el nomenclador nacional, entre ellas terapias, atención en centros de día, hogares y transporte.
El transporte es uno de los servicios más afectados por el aumento de costos, principalmente por el combustible y el mantenimiento de los vehículos. Las dificultades económicas también alcanzan a las instituciones y profesionales que brindan atención.
En paralelo, la Cámara de Diputados analiza la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El debate se desarrolla junto con el tratamiento del Presupuesto 2027 y propuestas de modificación del sistema de prestaciones y de las pensiones no contributivas.
Entre los cambios planteados se encuentra una posible modificación del esquema actual de valores del nomenclador nacional, que podría generar nuevas diferencias según el financiador y la cobertura de cada persona.
