Thomas DortoneEl Gobierno de Santa Fe renovó el padrón de ciudadanos que podrán ser convocados para participar en juicios por jurados durante 2027 y 2028. La nómina estará integrada por 10.000 personas seleccionadas mediante un sorteo realizado a partir del registro electoral depurado.
El procedimiento, impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, comprende las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. El listado servirá como base para elegir, de manera aleatoria, a los ciudadanos que podrán intervenir en los distintos procesos judiciales.
El padrón incluye a ciudadanos mayores de 18 años y menores de 75 que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. La nómina se depura para excluir a quienes tengan incompatibilidades legales, entre ellos determinados funcionarios públicos y profesionales vinculados con el ámbito jurídico.
Además, se realizan controles para identificar impedimentos relacionados con antecedentes penales y deudas alimentarias. La normativa también contempla la posibilidad de solicitar una exención para un juicio específico en determinadas circunstancias, como en el caso de personas mayores de 70 años o mujeres en período de lactancia.
Formar parte del padrón no significa que una persona vaya a participar necesariamente de un juicio. Cuando se inicie un proceso, se realizará una nueva selección aleatoria entre los ciudadanos incluidos en el listado correspondiente a cada circunscripción judicial.
Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación de las autoridades judiciales. La función de jurado es una carga pública y su cumplimiento está sujeto a las disposiciones legales.
El procedimiento toma como referencia el padrón vigente de la Cámara Nacional Electoral. Según explicó Pablo Ayala, de la Secretaría Electoral, los ciudadanos se distribuyen por circunscripciones judiciales, se clasifican por género y luego se realizan las depuraciones previstas por la ley.
La distribución contempla la cantidad de electores de cada región para conformar una nómina representativa de toda la provincia.
Al evaluar la implementación del sistema en Santa Fe, Mascheroni sostuvo que la experiencia permitió superar las dudas iniciales sobre la capacidad de los ciudadanos para intervenir en decisiones judiciales.
