Lucia Gonzalez
Según el relevamiento, la situación se agravó a partir de diciembre de 2023, cuando la Dirección Nacional de Vialidad sufrió un fuerte recorte presupuestario que ronda el 75% en términos reales. A esto se suma una subejecución superior al 50% de los fondos asignados durante 2024 y 2025. Incluso los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (creados por ley para financiar el mantenimiento vial) no estarían siendo destinados a ese fin.
El informe señala que el mantenimiento preventivo prácticamente desapareció y fue reemplazado por intervenciones mínimas y temporales, como bacheos de emergencia, que no resuelven los problemas estructurales de las calzadas. Esta estrategia, advierten, no solo acelera el deterioro, sino que incrementa el riesgo de siniestros viales. En muchos casos, los caminos ya se encuentran en un punto donde la única solución posible es la reconstrucción total, con costos hasta siete veces mayores que los de un mantenimiento adecuado y oportuno.
El deterioro de la infraestructura vial tiene impactos directos en la seguridad, la actividad económica y los costos logísticos. La caída en la velocidad promedio de circulación, el aumento de accidentes y las deficiencias en banquinas, señalización y obras básicas de conservación configuran, según el documento, una verdadera emergencia vial a nivel nacional.
Dentro de este escenario general, algunas rutas clave presentan un nivel de deterioro especialmente preocupante. La Ruta Nacional 33, fundamental para el transporte de la producción agroindustrial, muestra extensos tramos con deformaciones en la calzada y un desgaste severo producto del tránsito pesado. Esto genera demoras constantes y eleva el riesgo para quienes la transitan.
Una situación similar se observa en la Ruta Nacional 34, uno de los principales corredores del norte argentino, donde el bajo nivel de servicio y el deterioro estructural afectan tanto la circulación como los costos de transporte. En tanto, la Ruta Nacional 11, particularmente en el norte de la provincia de Santa Fe, exhibe tramos críticos, con especial impacto en zonas urbanas y de alto flujo de camiones.
En algunos sectores, las pocas mejoras realizadas no provinieron del Estado nacional. En la región, por ejemplo, parte del mantenimiento de la Ruta 11 se concretó a través de un convenio entre Vialidad Nacional y el gobierno de Timbúes, que destinó fondos comunales para reparar accesos a los puertos agroexportadores.
Desde FePeViNa sostienen que la falta de obras de rehabilitación integral y la reiteración de soluciones provisorias profundizan el deterioro y exponen de manera permanente a conductores y transportistas. El documento concluye que la crisis vial no es accidental ni pasajera, sino el resultado de una política sostenida de desinversión que traslada los costos a la sociedad y deja un pasivo que demandará décadas y enormes recursos para revertirse.
