Lucia Gonzalez
Según el relevamiento, la tasa de encarcelamiento llegó a 258 detenidos cada 100.000 habitantes, el nivel más alto registrado hasta el momento. El dato contrasta con el crecimiento de la población general, que fue de apenas un 1% anual en la última década, mientras que la cantidad de personas detenidas aumentó a un ritmo cercano al 6% por año.
Uno de los puntos más preocupantes del informe es que el incremento de la población penitenciaria no guarda relación directa con la evolución del delito. Las estadísticas oficiales muestran que la criminalidad se mantuvo relativamente estable, sin un correlato proporcional en las detenciones ni en las condenas.
En este contexto, el sistema penitenciario funciona con una ocupación promedio del 130,2%, es decir, con un excedente de internos muy por encima de la capacidad disponible. La situación más extrema se observa en Salta, donde el nivel de hacinamiento alcanza el 245%, seguida por San Juan y la provincia de Buenos Aires. Si bien en los últimos años la capacidad de alojamiento creció un 17,5% a nivel nacional, el problema estructural persiste.
El informe también analizó la situación procesal de los detenidos. Del total de la población carcelaria, el 62% cuenta con condena firme, mientras que el 37,3% permanece en prisión preventiva. Neuquén presenta uno de los porcentajes más altos de condenados, en contraste con provincias como Córdoba y Formosa, donde cerca de la mitad de los internos aún no recibió sentencia definitiva.
En cuanto a los delitos por los que se dictan las condenas, predominan los hechos contra la propiedad, como robos y hurtos, que representan el 36,4% del total. Les siguen los delitos contra las personas (21,7%) y los vinculados a la integridad sexual (20,5%).
El relevamiento expuso además diferencias marcadas según el género. Entre los varones, la mayoría de las causas están asociadas a delitos contra la propiedad. En cambio, en el caso de las mujeres y de las personas trans o no binarias, la principal causa de detención está relacionada con infracciones a la ley de estupefacientes, con porcentajes superiores al 30%.
Otro fenómeno en crecimiento es el de las condenas cortas. El 17% de las personas condenadas recibió penas de hasta tres años de prisión, un aumento respecto al 13,5% registrado en 2022. Si bien este tipo de sanciones podrían ser de cumplimiento condicional según la legislación vigente, en la práctica contribuyen al aumento del hacinamiento. San Juan, el Servicio Penitenciario Federal y Mendoza encabezan este indicador.
El perfil de la población penitenciaria muestra una fuerte presencia de varones, que representan el 95,4% del total, mientras que las mujeres alcanzan el 4,4% y las personas trans o no binarias el 0,2%. Se trata además de una población mayormente joven: casi el 70% de los internos tiene entre 21 y 39 años.
En relación con la nacionalidad, los extranjeros constituyen el 4,5% de los detenidos, un porcentaje similar al peso de la población migrante en el país según el último censo. Dentro de este grupo, la comunidad paraguaya es la más numerosa.
Finalmente, el informe del CNPT registró 256 personas alojadas bajo medidas de seguridad por razones de salud mental, lo que representa el 0,2% del total de internos. La mayor concentración de estos casos se da en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Salta
