Lucia Gonzalez
De concretarse el cierre, la empresa dejaría de fabricar en el país y pasaría a depender exclusivamente de importaciones para abastecer el mercado local.
La crisis se profundizó durante el último año. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la compañía avanzó con distintos recortes de personal que ya alcanzan cerca de 150 puestos de trabajo.
En 2024 la empresa desvinculó a unos 120 operarios, mientras que en febrero de 2025 otros 23 trabajadores fueron despedidos, en medio de una caída sostenida en la demanda y dificultades para sostener el nivel de producción.
La planta de Aguilares es clave para la operación local de la marca, ya que allí se fabrican tanto el calzado como la indumentaria deportiva que se comercializa en el mercado argentino.
Ante el deterioro del escenario, la empresa y el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) habían firmado en 2024 un acuerdo de emergencia para reducir la jornada laboral y evitar nuevas cesantías.
El convenio incluyó:
Eliminación del trabajo los sábados
Reducción de actividad los viernes
Suspensión completa de un viernes cada dos semanas
Según explicó el delegado gremial Daniel Gordillo, el acuerdo implicó resignar parte del salario para sostener los puestos laborales.
La medida representó una reducción de aproximadamente 15 horas de trabajo por quincena, lo que significó una pérdida salarial estimada entre 150.000 y 200.000 pesos, dependiendo de la categoría. Actualmente, la mayoría de los operarios percibe sueldos cercanos a los 700.000 pesos mensuales.
El acuerdo tuvo vigencia hasta fines de febrero. Sin embargo, cuando los trabajadores intentaron retomar la jornada completa, la empresa informó que no contaba con insumos suficientes para operar toda la semana.
Desde la compañía señalan que la situación está vinculada a la caída de las ventas y al impacto de la apertura de importaciones, que intensificó la competencia con productos provenientes principalmente de Asia y generó una fuerte presión sobre los costos de producción.
En paralelo, también trascendió la posibilidad de que la firma abra un nuevo programa de retiros voluntarios, lo que incrementó la preocupación entre los trabajadores.
Frente a este escenario, el sindicato busca abrir una mesa de diálogo con el gobierno de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, para explorar alternativas que permitan sostener la actividad industrial.
Durante los últimos meses tanto la provincia como el municipio de Aguilares brindaron asistencia para mantener operativa la planta, aunque ese respaldo tendría un plazo limitado.
Si la fábrica finalmente cierra, sería el fin de la producción nacional de Topper, una marca nacida en Argentina en 1975 y durante décadas asociada al desarrollo de la industria del calzado deportivo en el país.
El caso de Topper se suma a otros conflictos recientes en el sector industrial. Empresas como Lácteos Verónica atraviesan una grave crisis financiera que pone en riesgo cientos de empleos, mientras que la multinacional Electrolux lanzó un programa de retiros voluntarios en su planta de Rosario para reducir su plantilla.
En distintos sectores industriales se repite un diagnóstico similar: caída del consumo interno, mayor competencia de importaciones y altos costos productivos, factores que vienen golpeando a la actividad manufacturera en todo el país.
