“Hay gente que se compra una lanchita plástica y presta servicios a buques de ultramar”

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Lejos de un conflicto gremial, Maggiori remarcó que existe coincidencia entre la Cámara y los sindicatos respecto al problema de fondo: la proliferación de prestadores sin regulación. “Lo impactante es que tanto los gremios como la Cámara estamos de acuerdo en cuál es la problemática. El tema es que nadie controla”, señaló.

Según explicó, en los últimos años comenzaron a aparecer personas que, con embarcaciones precarias, ofrecen servicios de amarre y desamarre sin cumplir con los requisitos mínimos. “Se compran una lanchita plástica y empiezan a trabajar en una actividad que requiere dotación, personal capacitado y condiciones de seguridad. Muchos no tienen a nadie registrado”, denunció.

El dirigente aseguró que incluso hay casos en los que estas embarcaciones operan sin estar habilitadas como empresas de amarre. “Una de las lanchas que más trabajaba fue al Ministerio y reconoció que no tenía personal registrado. Es muy grave”, sostuvo.

En ese contexto, desde la Cámara reclaman mayor intervención estatal y cuestionan la falta de controles. “Nosotros cumplimos con todo, tenemos a todo el personal en regla, y sin embargo los controles caen siempre sobre los mismos. Es como pescar en una pecera”, graficó.

Maggiori explicó que esta situación genera una competencia desleal que golpea directamente a las empresas formalizadas. “Si un trabajo vale 100, estos lo hacen por 30 porque no tienen costos laborales ni exigencias. Para nosotros, sostener un trabajador implica hasta un 70% más de costo”, detalló.

Además del impacto económico, el presidente de la Cámara puso el foco en los riesgos operativos. “El otro día una lancha fue a hacer un servicio sin radio VHF. El barco tuvo que bajarle una. Estamos hablando de seguridad en maniobras con buques de gran porte”, advirtió.

Sobre los controles, indicó que la Prefectura Naval cumple su rol en cuanto a las condiciones de navegación, pero no tiene injerencia en la registración laboral. “Ahí es donde deben actuar el Ministerio de Trabajo y también las terminales portuarias, que pueden exigir condiciones para operar”, afirmó.

En esa línea, destacó que algunas empresas ya avanzan en ese sentido. “Hay terminales que contratan directamente el servicio de amarre o exigen listados completos del personal y requisitos de seguridad. Pero no es la regla”, explicó.

Por último, Maggiori alertó que la situación se agrava con la globalización del mercado. “Hoy un armador te contacta por WhatsApp desde cualquier parte del mundo y contrata directo. Eso facilita que se elija al más barato, sin importar si cumple o no”, concluyó.

Desde la Cámara insisten en la necesidad de actuar antes de que ocurra un accidente. “Esto pone en riesgo la actividad, a las empresas y a las personas. Queremos evitar una tragedia, pero alguien tiene que hacerse cargo”, cerró.