Lucia GonzalezAudio completo. Click acá
En diálogo con este medio, el dirigente sostuvo que la problemática de la competencia desleal “no afecta directamente en lo inmediato”, pero sí tiene un impacto profundo en el conjunto de la actividad. “Afecta no solo a lo laboral, sino también a la seguridad portuaria y a la seguridad de los compañeros”, explicó.
Cardozo señaló que el origen del conflicto está en la subcontratación de empresas que no cumplen con las normativas vigentes. “La competencia desleal empieza cuando las propias empresas promueven la contratación de firmas que no están habilitadas o que no respetan las leyes laborales”, afirmó.
En ese sentido, remarcó las limitaciones del gremio para actuar: “Nosotros no tenemos poder de policía. Tenemos que denunciar ante el Ministerio de Trabajo y eso lleva tiempo”. Según detalló, desde el sindicato ya presentaron denuncias contra al menos cinco empresas que operan de manera irregular, aunque advirtió que el problema persiste. “No dejan de crecer porque otras empresas les siguen dando trabajo para bajar costos”, agregó.
El dirigente también describió el circuito de responsabilidades dentro del sector. Explicó que las terminales portuarias contratan agencias marítimas, que a su vez tercerizan servicios en empresas de lanchas, y estas en algunos casos vuelven a subcontratar. “Se genera un círculo vicioso difícil de cortar si todos los actores siguen alimentándolo”, indicó.
Consultado sobre la posibilidad de hacer públicas las empresas denunciadas, Cardozo aseguró que el gremio trabaja en ese sentido. “No tenemos compromisos con nadie, solo con los trabajadores. Estamos avanzando para hacer público quiénes incumplen”, afirmó.
Respecto a la situación laboral, aclaró que los trabajadores nucleados en el SOMU pertenecen en su mayoría a empresas de amarre, tanto dentro como fuera de cámara, con personal efectivo y bajo convenio. Además, existen relevos eventuales que también deben ser contratados bajo las condiciones correspondientes.
Sin embargo, el foco del conflicto está en aquellas firmas que operan por fuera del sistema. “Hay empresas que toman trabajos sin tener lanchas y después subcontratan embarcaciones que no están en condiciones. Ganan dinero sin asumir costos laborales ni discutir paritarias”, denunció.
Para Cardozo, esta lógica no solo precariza el empleo, sino que incrementa los riesgos. “No es fácil operar al costado de un buque de 220 metros. Se necesita mano de obra calificada”, explicó. En ese marco, recordó que los trabajadores deben realizar múltiples capacitaciones obligatorias, cuyos costos incluso recaen sobre ellos mismos.
El dirigente fue contundente al señalar las consecuencias de estas prácticas: “Para bajar costos algunas empresas no cumplen con las leyes laborales y ponen en peligro a los trabajadores. Pero también ponen en riesgo a las terminales, a los buques y a toda la operatoria”.
Finalmente, apuntó a la necesidad de mayor control estatal y compromiso del sector privado. “La potestad de clausurar empresas la tiene la Secretaría de Trabajo. Pero también hace falta responsabilidad de todos los actores para que esta actividad funcione de manera segura”, sostuvo.
Y cerró con una advertencia: “Hoy se habla de récords de exportación, pero muchas veces no se cuenta que detrás hay un sistema precarizado en el río, donde los controles son mucho más débiles que en tierra”.
